Programa Hemisférico para la Prevención y el Control
del  Lavado de Activos  en los Sistemas Financieros
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL COMITÉ DE BASILEA

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El 12 de diciembre pasado, el Comité para la reglamentación bancaria y las practicas de vigilancia de Basilea dio a Conocer una Declaración de Principios cuyo objetivo es impedir que los bancos y otras instituciones financieras sean utilizadas para transferencias o depósitos de fondos de procedencia ilícita. La determinación de una intervención a nivel internacional se ha derivado de la creciente dimensión asumida por el fenómeno de la criminalidad organizada, en Particular en cuanto se refiere al tráfico de estupefacientes

Las varias autoridades crediticias y de vigilancia bancaria representadas en el Comité de Basilea tienen funciones y responsabilidad diversa sobre esta materia; no obstante la diversidad de las normas nacionales han considerado oportuno comprometerse para la Prevención de la utilización de los bancos por parte de la criminalidad

La vía para alcanzar este objetivo ha sido determinada en el consenso internacional en la Declaración de principios, a la cual se atienen las instituciones financieras que se adhieran.

A los sistemas bancarios nacionales se les solicita atenerse a las reglas de comportamiento que se requieren: la identificación de la clientela; la comprobación o averiguación de la conformidad de las transacciones a "elevados standares éticos", a las leyes y a las reglamentaciones; la cooperación con las autoridades judiciales; la adopción de políticas empresariales o administrativas coherentes con la Declaración, para realizarse sobre el plano de los Procedimientos Operativos Para la identificación de los clientes Y para el registro de las operaciones, de los controles internos y del adiestramiento del Personal.

La Declaración se ha divulgado al sistema bancario italiano en conjunto con las indicaciones que al respecto ha elaborado la banca de Italia para su concreta actuación.

A la Asociación Bancaria Italiana se le ha solicitado su intervención, para promover soluciones organizativas uniformes por parte de los entes crediticios.

Prevención de la utilización para fines criminosos del sistema bancario para el reciclaje de fondos de procedencia ilícita

Premisa
  1. Los bancos y otras instituciones financieras pueden ser utilizadas sin saberlo como intermediarios para las transferencias o el depósito de fondos Originados en actividades Criminales. 1005 criminales y sus asociados utilizan el sistema financiero para efectuar pagos y transferencias de fondos de una cuenta a otra; para Ocultar el origen de los dineros y su efectiva pertenencia y utilizan ilegalmente la custodia en las cajillas de seguridad. Toda la actividad Comúnmente llamada como "reciclaje" de fondos de procedencia ilícita.

  2. Las iniciativas para impedir que el Sistema bancario sea utilizado para tal actividad son hasta el momento gran parte asumidas por los organismos judiciales y administrativos a nivel nacional. Todavía, la creciente dimensión internacional de la criminalidad organizada, especialmente en relación con el tráfico de estupefacientes tiene prevista una forma de Cooperación sobre el plano internacional. Una de las primeras iniciativas en este sentido fue la que se dio a conocer en junio de 1980 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. En su relación este último concluía que "el sistema bancario puede desarrollar un rol preventivo extremadamente eficaz y que, al mismo tiempo, a Cooperación de los bancos puede ser de auxilio en la ejecución de tales actos criminosos, para la autoridad judicial y de policía". En los últimos años el problema de la prevención del reciclaje de fondos de origen criminal a través del sistema financiero ha reclamado una creciente atención por parte de los órganos legislativos, judiciales y de policía, y también de las autoridades de vigilancia bancaria de diversos países.

  3. Las distintas autoridades nacionales de vigilancia bancaria representadas en el Comité de Basilea para la reglamentación bancaria y las prácticas de vigilancia no tienen el mismo rol y responsabilidad respecto a la represión del reciclaje. En algunos países las autoridades de vigilancia les compete una responsabilidad específica en esta materia; en otros pueden no subsistir su responsabilidad directa.

    Esto se refleja en el rol de la vigilancia bancaria, en la cual la función primaria es aquella de preservar la estabilidad del sistema financiero en su contexto la solidez de los bancos, todo esto para asegurar la licitud de cada una de las operaciones efectuadas por los clientes e los bancos. No obstante, los límites existentes en algunos países a la responsabilidad específica de la autoridad e vigilancia, todos los miembros del Comité creen firmemente que esta autoridad no puede ser indiferente respecto la utilización de los bancos por parte de la criminalidad.

  4. La confianza del público en los bancos, y por consiguiente su estabilidad puede ser perjudicada por la publicidad negativa derivada de una inadvertida asociación de los bancos mismos con la criminalidad. De otra parte los bancos pueden exponerse a perdidas directas por fraude, sea por negligencia individual o por clientes indeseables, o sea por la integridad de sus propios funcionarios que sea alterada por la asociación con criminales. Por estas razones los miembros del Comité de Basilea consideran que a la autoridad de vigilancia bancaria le compete un rol de establecer la observancia de principios éticos de conducta profesional por parte de los bancos y de otras instituciones financieras.

  5. Según el Comité un modo para promover este objetivo, compatible con la diversidad de prácticas de vigilancia nacional, consiste en obtener el consenso internacional sobre una Declaración de principios a la cual se deban atender instituciones financieras que se adhieran.

  6. La Declaración a la que nos hemos referido representa una enunciación general de principios éticos que solicita responsables de los bancos y busca un acto eficaz para asegurar que todas las personas, que mantengan relaciones negocios con las propias instituciones, sean adecuadamente identificadas; a vigilar las operaciones que no parecen lícitas; a trabajar en colaboración con las autoridades judiciales y de policía. La Declaración no tiene carácter normativo y su actuación dependerá de la praxis y de las legislaciones nacionales. En particular, se ha relevado que algunos países los bancos pueden ser sujetos en materia a ulteriores prescripciones de carácter normativo muy exigentes o rígidas y que la Declaración no se prefije de sustituir y de atenuar estas prescripciones. Cualquiera que sea la situación jurídica en los diversos países, el Comité sostiene que la prima y la más importante salvaguardia contra el reciclaje de dinero de proveniencia resida en la integridad de los responsables de los bancos y de la vigilancia para evitar que sus propias instituciones se encuentren asociadas con criminales y que sean usadas como canales para reciclajes. La Declaración una vez más refuerza este criterio de conducta.

  7. Las autoridades de vigilancia representadas en el Comité sostienen los principios enunciados de la Declaración. En la medida en que tales cuestiones se ubiquen en la esfera de competencia de la autoridad de vigilancia de los distintos países miembros, estas últimas recomiendan a todos los bancos y les solicitan adoptar políticas y Principios coherentes con la Declaración. Auspiciando su aceptación a nivel mundial, del mismo modo someter esta Declaración a la atención de las autoridades de vigilancia de los otros países.

Declaración de principios

  1. Objetivos

    Los bancos y las otras instituciones financieras pueden ser utilizadas sin saberlo como intermediarios para la transferencia o el depósito de dinero originario de una actividad criminosa. El propósito perseguido con tales operaciones es frecuentemente aquel de ocultar la efectiva pertenencia de los fondos. Tal utilización del sistema financiero debe ser objeto de detenimiento por las autoridades judiciales y de policía directamente; es del mismo modo aspecto que debe interesar a las autoridades de vigilancia crediticia y los responsables de los bancos, ya que la confianza del público en los bancos mismos se puede perjudicar a causa de las relaciones con sujetos criminales.

    La presente Declaración de principios busca delinear algunas políticas y procedimientos fundamentales de los cuales los responsables de los bancos deberán asegurar su aplicación al interior de sus propias instituciones, con el fin de contribuir a la represión del reciclaje de fondos de procedencia ilícita a través del sistema bancario nacional e internacional. La Declaración se propone de tal modo reforzar mejores prácticas seguidas en relación con el ámbito bancario y, específicamente de fortalecer la vigilancia contra la utilización con fines criminosos del sistema de pago, la adopción por parte de los bancos de eficaces medidas preventivas de salvaguardias, y la colaboración con las autoridades judiciales y de policía.

  2. Identificación de la clientela Con el fin de asegurar que el sistema financiero no sea utilizado como canal para fondos de origen criminal, los bancos deberán llevar a cabo un razonable esfuerzo por averiguar y comprobar la verdadera identidad de todos los clientes que les requieran sus servicios. Tan particular diligencia deberán tener para identificar la pertenencia de cada cuenta y de los sujetos que utilizan las cajillas de seguridad. Todos los bancos deberán instituir eficaces procedimientos para obtener la identificación de los nuevos clientes. Deberán seguir de modo explícito la política de no dar curso a operaciones relevantes con clientes que no comprueben su propia identidad.

  3. Observancia de las leyes

    Los responsables de los bancos deberán asegurar que las operaciones sean llevadas a cabo en conformidad a los rigurosos principios éticos y respetando las leyes y reglamentaciones concernientes a las operaciones financieras. En cuanto se refiere a las operaciones llevadas a cabo por la clientela se admite que los bancos puedan conocer de modo alguno si la operación deriva de una actividad criminosa o no. Análogamente en un contexto internacional puede ser difícil asegurar que las operaciones con el exterior efectuadas por cuenta de la clientela sean conforme a las prescripciones vigentes en otro país. Sin embargo, los bancos no deberán estar disponibles a ofrecer sus propios servicios o a proveer una asistencia activa en operaciones que considere que están vinculadas a actividades de reciclaje de fondos ilícitos.

  4. Colaboración con las autoridades judiciales y de policía

    Los bancos deberán prestar la más absoluta colaboración a las autoridades nacionales judiciales y de policía en la medida que permita una específica normatividad local en materia de reservas sobre los clientes bancarios. Se deberá evitar proporcionar apoyo o asistencia a clientes que buscan engañar la autoridad proporcionando información alterada, incompleta o improcedente. Cuando los bancos tengan conocimiento de hechos que permitan presumir que el dinero depositado deriva de actividades ilícitas o que las operaciones efectuadas tienen la misma finalidad criminosa, deberán ser tratadas de acuerdo a las disposiciones adecuadas, compatibles con la ley, como por ejemplo, el rechazo de proporcional asistencia, la interrupción de las relaciones con el cliente y el cierre o congelamiento de las cuentas.

  5. Adhesión a las declaraciones

    Todos los bancos deberán adoptar formalmente políticas coherentes con los principios enunciados en la presente Declaración y deberán asegurar que todos los elementos del personal autorizado en todas las partes involucradas, sean informadas de la política seguida por la banca en ese aspecto. Se deberá proveer el adiestramiento de personal sobre los puntos objeto de la Declaración con el fin de promover el respeto a estos principios los bancos deberán establecer un acto específico de procedimiento para la identificación de la clientela y la conservación de la documentación interna relativa a las operaciones. Podrá si lo considera necesario una ampliación de la organización de los controles internos, a fin de lograr eficaces instrumentos para verificar la observancia, el contenido general de Declaración.

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