Programa Hemisférico para la Prevención y el Control
del  Lavado de Activos  en los Sistemas Financieros
DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Del 10 de junio de 1991

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Artículo: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (91/308/CEE).

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, visto el tratado constitutivo de la CEE y, en particular, la primera y tercera frases del apartado 2 del artículo 57, y su artículo 100 A.

Vista la propuesta de la Comisión, en cooperación con el Parlamento Europeo, visto el dictamen del Comité Económico y Social.

Considerando que la utilización de las entidades de crédito y de las instituciones financieras para el blanqueo del producto de actividades criminales (denominado en lo sucesivo "blanqueo de capitales") puede poner seriamente en peligro tanto la solidez y la estabilidad de las instituciones en cuestión como la credibilidad del sistema financiero en general, ocasionando con ello la pérdida de la confianza del público.

Considerando que la ausencia de una acción comunitaria contra el blanqueo de capitales, podría conducir a los estados miembros, con objeto de proteger su sistema financiero, a adoptar medidas incompatibles contra la plena realización del mercado único; que si no se adoptan determinadas medidas de coordinación a escala comunitaria los que llevan a cabo el blanqueo de capitales podrían, para facilitar sus actividades delictivas, tratar de sacar provecho de la liberación del movimiento de capitales y de la libre prestación de servicios financieros que implica el espacio financiero integrado.

Considerando que el blanqueo de capitales influye de manera manifiesta en el aumento de la delincuencia organizada en general y del tráfico de estupefacientes en general; que existe una creciente toma de conciencia de la necesidad de combatir el blanqueo de capitales, constituye uno de los medios más eficaces de combatir este tipo de actividad delictiva que representa una amenaza especial para las sociedades de los estados miembros.

Considerando que el blanqueo de capitales debe combatirse principalmente con medidas de carácter penal y en el marco de una cooperación internacional entre autoridades judiciales y policiales, tal como propugna, en lo que se refiere a las drogas, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, adoptada el 19 de diciembre de 1988 en Viena (denominada en lo sucesivo "Convención de Viena"), y como la ha ampliado a todas las actividades criminales la Convención del Consejo de Europa sobre blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del delito, abierto a la firma el 8 de noviembre de 1990 en Estrasburgo.

Considerando, no obstante, que la estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales no debe limitarse exclusivamente al enfoque penal, ya que el sistema financiero puede desempeñar una función eficaz; que en este contexto, cabe referirse a la recomendación del Consejo de Europa del 27 de junio de 1980 y la declaración de principios adoptados en diciembre de 1988 en Basilea por la autoridades de vigilancia bancaria del grupo de los 10, dos textos que constituyen un paso importante en la prevención de la utilización de los sistemas financieros para los fines del blanqueo de capitales.

Considerando que el blanqueo de capitales se lleva a cabo, generalmente, en un contexto internacional, que permite encubrir con mayor facilidad el origen criminal de los fondos; que las medidas adoptadas exclusivamente a nivel nacional, sin tener presente una coordinación y cooperación internacionales, produciría efectos muy limitados.

Considerando que toda medida adoptada por la comunidad en este ámbito debe ser compatible con las demás acciones emprendidas por otras entidades de carácter internacional; que, a este respecto, cualquier acción de la comunidad debería tener en cuenta particularmente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero creado en julio de 1989 en la cumbre de París de los 7 países más industrializados en julio de 1989. Considerando que el Parlamento Europeo ha solicitado, en distintas resoluciones, la elaboración de un programa global de la comunidad, para combatir el tráfico de estupefacientes que incluya disposiciones sobre prevención del blanqueo de capitales.

Considerando que para efectos de la presente Directiva la definición del blanqueo de capitales, se ha deducido de lo contemplado en la Convención de Viena, que, sin embargo, puesto que el fenómeno del blanqueo de capitales no afecta exclusivamente al producto de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, sino también al de otras actividades criminales (como la delincuencia organizada y el terrorismo), es importante que los estados miembros, según lo establezcan sus propias legislaciones, amplíen los efectos de la presente Directiva al resultado de esas actividades cuando puedan dar lugar a operaciones de lavado de dinero que justifique en ese sentido su represión.

Considerando que la prohibición del blanqueo de capitales contenida en la legislación de los estados miembros, apoyándose en medidas y sanciones adecuadas, constituye una condición necesaria para la lucha contra este flagelo.

Considerando que es necesario velar porque las entidades de crédito y las instituciones financieras exijan la identificación de sus clientes en el momento en que se establezcan relaciones de negocios o de efectuar transacciones que excedan de ciertos límites, a fin de evitar que los que llevan a cabo el lavado se aprovechen del anonimato para ejercer actividades delictivas; que esta medida debe ser igualmente aplicable, en la medida de lo posible, a todos los que esgriman derechos económicos.

Considerando que los establecimientos de crédito y las instituciones financieras deben conservar durante un período mínimo de cinco años copias o referencias de los documentos de identificación exigidos, así como elementos de justificación y el registro, consistentes en documentos originales y en copias que tengan fuerza probatoria similar ante el derecho nacional concernientes a las transacciones, para que sirvan como elemento de prueba en toda investigación en materia de blanqueo de capitales.

Considerando que a fin de preservar la solidez y la integridad del sistema financiero y de contribuir a la lucha contra el lavado de capitales, es necesario velar para que los establecimientos de crédito e instituciones financieras examinen con suma atención toda transacción que consideren que, por su naturaleza pueda estar vinculada al blanqueo de capitales; que, a tal fin, las citadas entidades deberían prestar especial atención a las transacciones efectuadas con aquellos terceros países que no apliquen, en lo atinente a la lucha contra el blanqueo de capitales, disposiciones comparables a las establecidas por la comunidad o a cualquiera otras normas equivalentes definidas por instancias internacionales y reconocidas por la comunidad.

Considerando que a este respecto, los estados miembros pueden solicitar a los establecimientos de crédito y a las instituciones financieras que hagan constar por escrito los resultados del examen al que están obligadas y que garanticen a las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales el acceso a dichos resultados.

Considerando que las autoridades responsables de lucha contra este fenómeno no pueden impedir la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero si no cuentan con la cooperación de las entidades de crédito y las instituciones financieras y de sus autoridades de supervisión; que debe levantarse el secreto bancario en dichos casos; que la manera más idónea y eficaz para lograr la mencionada cooperación es a través de un sistema obligatorio de declaración de cualquier transacción sospechosa, que garantice que las informaciones que se hagan llegar a las autoridades antes mencionadas sin dar aviso a los clientes de que se trate; que es necesaria una cláusula especial de protección que exima a los establecimientos de crédito y a las instituciones financieras, así como a sus empleados y directivos, de toda responsabilidad por violación de las restricciones sobre la revelación de informaciones.

Considerando que las informaciones que las autoridades reciban en aplicación de las presentes Directivas pueden utilizarse únicamente para la lucha contra el blanqueo de capitales; que, no obstante, los estados miembros podrán disponer que dichas informaciones se utilizan para otros fines.

Considerando que el establecimiento por parte de las entidades de crédito y de las instituciones financieras de procedimientos de control interno y de programas de formación en este ámbito constituyen medidas complementarias a aquellas otras medidas en las cuales las demás medidas contempladas en la presente Directiva podrían resultar ineficaces.

Considerando que dado que el blanqueo de capitales puede realizarse no solo a través de entidades de crédito y de instituciones financieras, sino también mediante la intervención de otros tipos de profesiones y categorías de empresas, los estados miembros deben hacer extensivas, total o parcialmente, las normas de la presente Directiva a las profesiones y empresas cuyas actividades sean especialmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de capitales.

Considerando la conveniencia de que los estados miembros velen particularmente para que se tomen las medidas coordinadas en la comunidad cuando aparezcan claros indicios de que profesionales o actividades cuyas condiciones de ejercicio hayan sido objeto de una armonización a nivel comunitario se utilizan con fines de blanqueo de capitales.

Considerando que la eficacia de los esfuerzos desplegados para eliminar el blanqueo de capitales depende esencialmente de la coordinación continua y de la armonización de las medidas nacionales de aplicación; que dicha coordinación y armonización efectuadas en diferentes contextos internacionales requieren que, a nivel comunitario, se realice una concertación dentro de los estados miembros y la comisión en el seno del Comité de Contacto.

Considerando que es competencia de cada estado miembro adoptar las medidas adecuadas y sancionar de manera apropiada las infracciones a dichas medidas para asegurar la plena aplicación de las disposiciones de la presente directiva.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

ARTÍCULO 1. Para los fines de la presente Directiva, se entenderá por:

El conocimiento, la intención o la motivación tienen que ser elementos de las actividades mencionadas en el presente guión, podrán establecerse sobre la base de circunstancias de hecho objetivas.

Hay blanqueo de capitales aún cuando las actividades que generen los bienes que vayan a blanquearse se desarrollen en el territorio de otro estado miembro o en el de un país tercero.

ARTÍCULO 2. Los estados miembros velarán para que el blanqueo de capitales, tal y como se define en la presente Directiva quede prohibido.

ARTÍCULO 3.

1º. – Los estados miembros velarán para que las entidades de crédito y las instituciones financieras para efecto de la identificación del cliente exija un documento acreditado en el momento de entablar relaciones de negocios, en particular cuando se abre una cuenta bancaria o se ofrecen servicios de custodia de activos.

2º. – La exigencia de la identificación será igualmente válida para toda transacción, con clientes distintos de los contemplados en el apartado 1, cuya cuantía ascienda o exceda a los 15.000 ecus, ya se lleve a cabo la transacción en una o varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. Si se desconociere el importe en el momento de la transacción, el organismo de que se trate procederá a la identificación en el momento en que tenga conocimiento del mismo y compruebe que se alcanza el límite.

3º. – No obstante, lo dispuesto en los parágrafos 1 y 2 cuando se trate de contratos de seguros celebrados por empresas de seguros autorizadas en virtud de la Directiva 79/267/CEE, en la medida en que realicen actividades comprendidas en el ámbito de dicha Directiva, la identificación no se exigirá cuando el importe de la prima o de las primas periódicas a pagar durante un año, no exceda de 1000 ecus, o si se trata el pago de una prima única, cuando el importe no exceda el limite de los 2500 ecus. Si el importe de la prima o primas periódicas a pagar durante un año se aumentan de tal manera que excedan el límite de los 1000 ecus la identificación debe exigirse a partir de dicho momento.

4º. – Los estados miembros pueden disponer que la identificación no sea obligatoria cuando se trate de contratos de seguros de pensión suscrito en virtud de un contrato de trabajo o de una actividad profesional del asegurado, a condición de que estos contratos no contengan cláusula de rescate ni pueda servir de garantía para un préstamo.

5º. – En los casos en que existan dudas sobre si los clientes a que hacen referencia en el parágrafo precedente actúan por cuenta propia, o en caso de certidumbre de que no actúan por cuenta propia, las entidades de crédito y las instituciones financieras adoptarán medidas razonables a fin de obtener información sobre la identidad de las personas por cuenta de las cuales actúan los clientes.

6º. – Tan pronto como existan sospechas del blanqueo, las entidades de crédito y las instituciones financieras deberán proceder a llevar a cabo la identificación incluso cuando el importe de la transacción sea inferior a los límites antes mencionados.

7º. – Las entidades de crédito y las instituciones financieras no estarán sujetas a las obligaciones de identificación previstas en el presente artículo, en caso de que el cliente sea también una entidad de crédito o una institución financiera contemplada en la presente Directiva.

8º. – Los estados miembros podrán disponer que la obligación de identificación con respecto a las transacciones contempladas en el par. 3 y 4 sean cumplidas cuando se haya establecido que el importe de la transacción debe ser adecuado en una cuenta abierta a nombre de un cliente en una entidad de crédito sujeta a la obligación enunciada en el parágrafo 1º.

ARTÍCULO 4. Los estados miembros velarán para que las entidades de crédito y las instituciones financieras, conserven para que sirvan como elemento de prueba en toda investigación en materia de lavado de capitales:

ARTÍCULO 5. Los estados miembros velarán porque las entidades de crédito y las instituciones financieras examinen con especial atención cualquier transacción que consideren particularmente susceptible, por su naturaleza, que pueda estar vinculada al blanqueo de capitales.

ARTÍCULO 6. Los estados miembros velarán para que los directivos y empleados de las entidades de crédito y las instituciones financieras colaboren plenamente con las autoridades responsables en la lucha con el blanqueo de capitales:

Las informaciones a que hace referencia el párrafo primero serán remitidas a las autoridades responsables de la lucha contra el lavado de dinero del estado miembro en cuyo territorio se encuentre situada la entidad que facilite dichas informaciones. Esta transmisión se efectuará normalmente por las personas designadas por las entidades de crédito y las instituciones financieras de conformidad con los procedimientos contemplados en el punto 1 del artículo 11.

Las informaciones que se faciliten a las autoridades de conformidad con lo previsto en el párrafo 1o., podrán utilizarse para los fines de lucha contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, los estados miembros podrán disponer de dichas informaciones no obstante cuando son susceptibles de ser utilizadas igualmente para otros fines.

ARTICULO 7. Los estados miembros velarán para que las entidades de crédito y las instituciones financieras se abstengan de ejecutar cualquier transacción antes de haber informado a las autoridades a que se refiere el artículo 6o. cuando conozcan o sospechen que aquellas están relacionadas con el lavado de dinero. Dichas autoridades podrán, en las condiciones que determine la legislación nacional, dar instrucciones para que no se pueda ejecutar la operación. Cuando se sospeche que la transacción en cuestión yaya a dar lugar a una operación de lavado de dinero y cuando esta abstención no sea posible o pueda impedir la persecución de los beneficiarios de una operación sospechosa de blanqueo de capitales, las entidades y las instituciones afectadas procederán inmediatamente a dar la información solicitada.

ARTICULO 8. Las entidades de crédito y las instituciones financieras, así como sus directivos y empleados, no podrán comunicar a los clientes afectados o a terceros que se ha transmitido informaciones a las autoridades con arreglo al artículo 6 y 7 o que están realizándose investigaciones sobre el blanqueo de dinero.

ARTICULO 9. La divulgación, de buena fe, a las autoridades responsables de la lucha contra el lavado de capitales por un empleado o un director del establecimiento de crédito o de la institución financiera, de las informaciones contempladas en los artículos 6 y , no constituirá una violación a las restricciones impuestas a la divulgación de información por vía contractual o por cualquier disposición legal, reglamentario o administrativa y no implicará para la entidad de crédito sus directivos o empleados, ningún tipo de responsabilidad.

ARTICULO 10. Los estados miembros velarán porque las autoridades competentes, en caso de que descubran hechos que puedan constituir prueba de lavado de capitales, ya sea durante las inspecciones realizadas por esas autoridades en las entidades de crédito o en las instituciones financieras o de cualquier otro modo, informen de ello a las autoridades responsables de la lucha contra el lavado de capitales.

ARTICULO 11. Los estados miembros velarán porque las entidades de crédito y las instituciones financieras :

1o. Establezcan procedimientos adecuados de control interno y de comunicación a fin de prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el lavado de dinero;

2o. Adopten medidas oportunas para que sus empleados conozcan las disposiciones contenidas en la presente Directiva. Estas medidas incluirán la participación de determinados empleados en cursos y programas especiales de formación a fin de ayudarles a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales, e indicarles la manera en que deben proceder en dicho caso.

ARTICULO 12. Los estados miembros velarán para ser extensivas, total o parcialmente las disposiciones de la presente Directiva a aquellas profesiones y categorías de empresas que no sean entidades de crédito o instituciones financieras contempladas en el artículo 1o. y que ejerzan actividades particularmente susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales.

ARTICULO 13.

  1. Se crea la Comisión de un Comité de Contacto, denominado "Comité", cuyas funciones serán las siguientes :

  1. Facilitar, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del Tratado, la aplicación armonizada de la presente Directiva mediante una concertación regulada relativa a los problemas concretos, que se produzcan por su aplicación y respecto de los que se estime útil el contraste de pareceres.
  2. Facilitar la concertación entre los estados miembros en relación con las condiciones y obligaciones más rigurosas o complementarias que impongan los mismos en el ámbito nacional.
  3. Aconsejar a la Comisión, si es necesario, a propósito de las medidas complementarias o de las enmiendas que deban introducirse a la presente Directiva, así como respecto a otras adaptaciones que se juzguen necesarias, y especialmente para armonizar los efectos del artículo 12.
  4. Examinar la conveniencia de incluir una profesión o categoría de empresas dentro del ámbito de la aplicación del artículo 12 cuando se compruebe que en un estado miembros esta profesión o categoría de empresas haya sido utilizada para el blanqueo de capitales.

  1. No será función del Comité valorar la conformidad de las decisiones que las autoridades competentes hayan tomado en casos concretos.
  2. El Comité estará compuesto de personas designadas por los estados miembros y de representantes de la comisión. La Secretaría estará a cargo de los servicios de la Comisión. El Comité estará presidido por un representante de la Comisión y se reunirá a iniciativa de éste o a instancia de la delegación de un estado miembro.

ARTICULO 14. Todo estado miembro tomará medidas oportunas para garantizar la plena aplicación de todas las disposiciones de la presente Directiva, y en particular, determinará las sanciones que deberán aplicarse en caso de infracción de las disposiciones adoptadas en ejecución de la presente directiva.

ARTICULO 15. Los estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas para impedir el blanqueo de capitales.

ARTICULO 16.

  1. Los estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del1o. de enero de 1993.
  2. Cuando los estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia cuando se publiquen oficialmente. Los estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
  3. Los estados miembros comunicarán a la Comisión los textos de las disposiciones esenciales de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

ARTICULO 17. La Comisión elaborará, un año después del 1o. de enero de 1993, y a partir de entonces cuando fuere necesario, por los menos cada tres años, un informe sobre la aplicación de la presente Directiva que será presentado al parlamento europeo y al consejo.

ARTICULO 18. Los destinatarios de la presente Directiva serán miembros.

Hecho en Luxemburgo el 10 de junio de 1991.

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