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CICAD: Fortalecimiento Institucional

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Cerrando la Brecha

 

Inventario de medidas alternativas al encarcelamiento

Inventario de medidas alternativas al encarcelamiento: Evidencias de un camino promisorio

Este inventario identifica, una amplia variedad de alternativas al encarcelamiento que han sido adoptadas en los últimos años en países alrededor del mundo, y que han demostrado ser promisorias en la reducción de encarcelamiento, son compatibles con las convenciones internacionales sobre drogas, respetan los derechos humanos y, tienen un enfoque proporcional que puede tener un impacto positivo en las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Este inventario indica la diversidad de alternativas, mostrando que los Estados Miembros cuentan con una amplia gama de posibilidades de política para generar respuestas diferenciadas a la privación de la libertad para quienes cometen delitos relacionados con las drogas. Este recurso no pretende señalar cuál alternativa es mejor; por el contrario, parte de la idea de que podría ser más conveniente desarrollar varias alternativas, que tomen en cuenta las diversas realidades que los Estados deben enfrentar. Bajo esta perspectiva este informe busca resaltar las oportunidades que ofrecen estas experiencias reconociendo algunas de las dificultades para su implementación.

La lista de iniciativas consideradas en este inventario es un testimonio de que Los gobiernos han comenzado a investigar e implementar cada vez más alternativas al encarcelamiento que les permitan abordar el problema de las drogas de una nueva manera, preservando al mismo tiempo, la seguridad pública, el estado de derecho y sus obligaciones internacionales de derechos humanos y control de drogas,  este inventario demuestra la variedad de iniciativas y la creatividad con la que se han aplicado y adaptado.  A través de una clasificación de las iniciativas según la etapa del procedimiento judicial, la población que beneficia, De acuerdo a si ofrece o no un beneficio a Grupos en situación de vulnerabilidad y según los niveles de implementación y de la propuesta de algunas estrategias y principios subyacentes para su investigación e implementación, este inventario busca contribuir con los esfuerzos de los Estados Miembros de evaluar la pertinencia de alternativas al encarcelamiento en sus propios contextos. Principalmente este informe busca ilustrar la manera en la que las alternativas al encarcelamiento para delitos relacionados con las drogas, pueden contribuir a crear comunidades más sólidas y saludables con menos delitos y menos víctimas.

Este catálogo debe tomarse como una primera referencia orientadora que no excluye otras experiencias que sobre la materia puedan existir. También es importante reconocer que este recurso no pretende ser una evaluación de las alternativas identificadas.  Por el contrario, lo que se propone a través del informe es justamente mostrar que existen múltiples iniciativas, todas con alcances interesantes, y describir algunas de las características fundamentales sobre las que se basan.

Estas experiencias son tan variadas como los países y las jurisdicciones en las que operan. Algunas se iniciaron hace mucho, en los años '80 y otras son recientes, de 2015. Algunas se implementan a nivel nacional, otras a nivel provincial, estatal, regional o vecinal, algunas están a cargo de organizaciones de justicia penal y otras de organizaciones independientes sin fines de lucro. En algunas participan organismos estatales mientras que en otras no lo hacen. Los presupuestos anuales van de cero (voluntarias) a millones de dólares, y la cantidad de participantes va de unas docenas a más de 10.000. Algunos se limitan a una fase de actuación de la justicia, como tribunales de resolución de conflictos o aplicación de la ley, mientras que en otros la incorporación puede realizarse desde distintos puntos, desde la detención hasta el proceso de ingreso a una celda y comparecencia ante un juez.

De igual modo, los tipos de alternativas analizados, desde educación sobre drogas a tratamiento de consumo de sustancias, a servicios de salud mental, a servicios para personas sin vivienda y capacitación laboral, varían de un programa a otro y de un país a otro. Algunos utilizan administración independiente de casos mientras que otros se basan en libertad condicional u otro mecanismo de supervisión para garantizar el cumplimiento y el acceso a los servicios.

Es importante resaltar que, por más exitosas que hayan sido algunas alternativas en otro país, requieren de un análisis detallado e incluso de ajustes para su adopción en otro país. Esto se debe a que el contexto juega un papel central en el funcionamiento de las normas e instituciones, y por lo tanto, las diferencias relevantes entre los países pueden implicar que una alternativa con buenos resultados en uno,  no necesariamente los tenga en otros.

De acuerdo a la etapa del procedimiento judicial

De acuerdo a la etapa del procedimiento judicial en la que operen Las alternativas al encarcelamiento pueden agruparse en tres amplias categorías. Por lo tanto, este inventario hace referencia a:

(a) medidas tomadas antes de la apertura de un proceso penal y enfocadas a limitar la entrada al sistema judicial penal; 
Estas alternativas  permiten que la persona no entre al sistema judicial penal. Estas medidas están normalmente asociadas a dos estrategias fundamentales: (i) la descriminalización de ciertas conductas , que consiste básicamente en extraer esa conducta de la ley penal y, por lo tanto, la eliminación de la posibilidad de encarcelamiento como castigo; (ii) la despenalización de ciertas conductas, que permite la clausura de una infracción penal leve sin la emisión de una sanción o procedimiento judicial y (iii) mecanismos de derivación policial, en respuesta a una conducta criminal que eventualmente podría ser sancionada con cárcel, pero que en su lugar el infractor es derivado a opciones de rehabilitación. Es importante señalar que la descriminalización no implica la misma política en todos los lugares que es implementada. 

(b) medidas aplicadas durante procedimientos penales y enfocadas, ya sea a prevenir casos penales que resulten en encarcelamiento, o bien hacer el encarcelamiento proporcional al delito;  y
Estas alternativas operan durante el proceso penal, lo cual puede variar entre países, pero generalmente incluiría las fases de acusación y/o juicio propiamente dicho. Incluyen la modificación de condenas, las derivaciones dispuestas por el fiscal o la derivación a tribunales o programas especiales.  En América Latina y el Caribe existen varias iniciativas que pueden ser consideradas como alternativas que suceden en la etapa procesal.

(c) medidas para control de la población penitenciaria, enfocadas a la liberación anticipada de sentenciados o individuos en prisión preventiva acompañado de estrategias de integración social.
Las alternativas post procesales consisten en mecanismos que buscan sustituir o reducir el encarcelamiento de delitos relacionados con las drogas y se aplican luego de la condena de un infractor. Podemos citar los programas de libertad condicional o libertad supervisada y los indultos o perdones como ejemplos.

De acuerdo a la población que beneficia

Además de la clasificación por etapas en el procedimiento judicial, las alternativas al encarcelamiento también pueden clasificarse de acuerdo a la población que beneficia.

Partiendo de la premisa de que la mayoría de los reclusos del hemisferio son consumidores,  personas que transportan pequeñas cantidades, o aquellos con un rol mínimo en las organizaciones criminales, y que las alternativas al encarcelamiento son el camino viable para reducir la reincidencia para estos tipos de infractores, este inventario en particular se concentra en delitos menores como:

(i) el consumo y la tenencia para consumo personal en aquellos casos en que esos comportamientos son penalizados, así como el consumo problemático en el caso de los infractores dependientes de las drogas,
(ii) el cultivo y producción en pequeña escala, en especial cuando se trata de campesinos e indígenas o para consumo personal; y
(iii) los pequeños transportistas, los distribuidores no violentos o “las mulas”.  
(iv) El inventario también tiene en cuenta aquellas personas que han cometido otros delitos menores bajo la influencia de drogas o para sufragar su adicción.

Sin embargo, se les recomienda a los Estados Miembros que reflexionen sobre la necesidad de implementar alternativas al encarcelamiento para una amplia variedad de delitos relacionados con las drogas.

De acuerdo a si ofrece o no un beneficio a Grupos en situación de vulnerabilidad

Además de la clasificación por etapas en el procedimiento judicial, las alternativas al encarcelamiento también pueden clasificarse de acuerdo a si beneficia a Grupos en situación de vulnerabilidad como por ejemplo, mujeres, jóvenes o poblaciones indígenas. Esto permite ver las distintas alternativas según las necesidades de los distintos grupos de personas, siendo así especialmente beneficioso cuando se busca brindar una alternativa eficaz a los grupos en condiciones de vulnerabilidad social.

De acuerdo a los a los niveles de implementación de las alternativas

La clasificación por niveles de implementación ilustra cómo las alternativas pueden requerir diferentes niveles de participación y coordinación institucional, desde un proyecto piloto en una sala de un tribunal hasta una nueva ley parlamentaria y sus respectivas reglamentaciones. Esto es importante para los Estados Miembros teniendo en cuenta los recursos y el tiempo invertido en hacer cambios, y si los cambios sólo son necesarios en unos pocos lugares clave para resolver rápidamente un problema específico, o si deben hacerse a nivel nacional, local o regional. Los Estados Miembros son invitados a evaluar también esos aspectos de las alternativas ya que se describen diferentes modelos. Si bien este inventario no proporciona un análisis en profundidad, las alternativas se han organizado de acuerdo con estas tipologías para la consideración de los Estados Miembros. 


actualizado el 4/29/2015 4:29:57 PM