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CICAD: Antilavado de Activos

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CICAD: Antilavado de Activos

BIDAL - administración de bienes

 

Proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina - BIDAL

Información Adicional

Presentaciones en la reuniones de la CICAD

 

Secretario General de la OEA José Miguel Insulza lanzó la iniciativa de mejorar la administración pública de los activos incautados y decomisados en 2007.

El Caso de Chile

En su etapa piloto, el Proyecto BIDAL elaboró un informe diagnóstico respecto de los bienes decomisados en el país y los nudos críticos de dicho proceso.

El proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina, conocido por sus siglas BIDAL, es un ejemplo de un nuevo tipo de iniciativa puesta en marcha por la Secretaría Ejecutiva de la CICAD y los Estados miembros tras analizar detenidamente cuál sería la mejor manera de ayudar a las comisiones nacionales antidrogas a resolver la recurrente falta de fondos para financiar los programas de aplicación de las leyes antidrogas y de reducción de la demanda, y, a la vez, contribuir al principal objetivo de la incautación de bienes, es decir, privar a quienes lavan activos y a los traficantes de las ganancias generadas por sus actividades ilícitas.

 Según la experiencia de la CICAD y de muchos expertos de la región, los bienes incautados por los Estados miembro a narcotraficantes y personas que lavan activos son un recurso desaprovechado. Con frecuencia, los bienes incautados no se administran adecuadamente ni se emplean para ayudar a los Estados miembro a enfrentar los desafíos que le plantea a la sociedad civil el tráfico de drogas.

El proyecto BIDAL representa un método innovador para determinar cómo podría el sistema jurídico y administrativo de un país mejorar el proceso de detección e incautación de los fondos ilegales provenientes del narcotráfico y del lavado de activos, luego administrar los bienes incautados de manera más eficiente aplicando una serie de medidas estándares pero flexibles y, por último, canalizar esos recursos hacia medidas de control de drogas y otros programas.

La Secretaría Ejecutiva presentó un documento conceptual al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, que de inmediato vio el valor de la iniciativa. Insulza apoyó la idea incondicionalmente, primero, en el trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la CICAD y, luego, en la Asamblea General de la OEA, celebrada en Santo Domingo en junio de 2006.

Aprovechar los conocimientos

En la siguiente fase, un grupo de trabajo especial sobre incautación y administración de bienes, perteneciente al Grupo de Expertos en Control del Lavado de Activos, analizó la legislación pertinente y las experiencias de varios países. Posteriormente, el Grupo de Expertos completo aceptó la recomendación de su grupo de trabajo de elaborar un proyecto piloto centrado en tres países, Argentina, Chile y Uruguay, escogidos por la relativa similitud de sus sistemas jurídicos y su proximidad geográfica. En el cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la CICAD (Mayo de 2008), la propia Comisión aprobó la propuesta.

El objetivo del proyecto BIDAL es apoyar a los países en la creación y el fortalecimiento de estas unidades, potenciando sus capacidades para la detección, incautación y decomiso de activos basados en los principios de transparencia, eficiencia y coordinación con las demás agencias relacionadas con los marcos legales de la figura de decomiso. Una vez finalizado el proyecto, los países beneficiarios tendrán una visión clara de la situación actual respecto de los marcos legales y procedimentales relacionados con el decomiso y administración de bienes de procedencia ilícita, las competencias de cada una de las agencias relacionadas en el proceso y contarán con Unidades de Administración de Bienes Decomisados fortalecidas y con procedimientos precisos para recibir, administrar y destinar de forma temporal o definitiva los bienes bajo su tutela.

La filosofía del proyecto se basa en la administración eficiente de los bienes buscando que las Unidades de Administración de Bienes Decomisados además de ser autosuficientes generen recursos importantes para que el Estado pueda financiar otras iniciativas para enfrentar el problema de las Drogas. Para alcanzar este objetivo, la metodología del proyecto incluye el desarrollo de competencias y el intercambio de experiencias y buenas prácticas en este tipo de políticas con otras unidades similares en la región.

La Secretaría contrató como coordinador del proyecto a funcionario de la Unidad de Administración de Bienes Decomisados y Comisados del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) quien ha desarrollado proyectos de similar naturaleza en la región.

Resultados de las Fases Anteriores

La primera etapa de BIDAL se llevó a cabo en Argentina, Chile y Uruguay (2008-2010) y la segunda en El Salvador y en la República Dominicana (2010-2013). A continuación se describen algunos de los principales resultados del proyecto en sus dos etapas:

En Argentina, se expidió el Decreto 826/2011, mediante el cual se crea el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados durante el proceso penal, cuya función principal es la identificación, registro, avalúo y localización de la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso penal. Además se realizaron modificaciones al Código Penal en el artículo 305 introduciendo el tema del “decomiso sin sentencia o sin condena”, a través de la Ley 26.683 de fecha publicada en el boletín oficial el 21 de junio del 2011. Adicionalmente, a través de los seminarios impartidos en Buenos Aires se desarrolló el Manual de Investigación Patrimonial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, lo cual permitió replicar seminarios y talleres sobre investigación patrimonial y administración de bienes a más de 400 funcionarios entre fiscales y jueces.

En Chile, el proyecto BIDAL realizó un diagnóstico situacional de su realidad nacional en el ámbito de la identificación, localización, administración y destino de activos incautados y decomisados que permitió a las autoridades nacionales como el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones del país y el extinto CONACE, identificar las debilidades en cada uno de sus procesos para lo cual el Proyecto BIDAL dejó una serie de recomendaciones y una propuesta para adecuar su normativa hacia la creación de un organismo especializado en la administración de activos provenientes del crimen organizado.


Los gobiernos de Argentina, Chile y Uruguay cooperaron plenamente en el proyecto piloto. En la reunión de Buenos Aires, las contrapartes tuvieron una primera oportunidad de compartir sus experiencias.

En el caso de la República Oriental del Uruguay, el proyecto incidió directamente en la promulgación de la Ley 18494, la cual, entre las disposiciones normativas incorporan el denominado Decomiso de Pleno Derecho y algunas otras relacionadas al abandono y administración de activos incautados y decomisados. Adicionalmente, se modificaron las disposiciones relacionadas al Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, a través de la Ley 18362 y se creó a través del Decreto Ejecutivo 339-2010 el Reglamento del Fondo de Bienes Decomisados, el cual constituye el marco normativo por el que se establecen los procedimientos para la administración eficiente de los bienes incautados y decomisados.

Como trabajo adicional a esta fase y en coordinación y acompañamiento o del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y Decomiso de la CICAD/OEA, realizaron un estudio que finalmente se denominó “Documento de Mejores Prácticas de los Sistemas de Administración de Bienes Incautados y Decomisados de América Latina”, siendo este el único documento de referencia en América Latina destinado a servir de referencia a los países sobre el tema de la creación y desarrollo de los sistemas de administración de bienes.

En su segunda fase, el Proyecto BIDAL brindó asistencia técnica en El Salvador y trabajó de la mano en coordinación con muchas de las instituciones nacionales de los tres Poderes de la República de El Salvador, para la promulgación del Decreto 534, denominado “Ley de Extinción del Dominio” y principalmente en lo referente a la creación y naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) y las disposiciones especiales sobre administración de bienes incautados y decomisados.


En la reunión de Lima, los casos de los países pilotos llevaron a una aplicación más amplia de mejores prácticas en otros países.

En el caso de la República Dominicana el proyecto ejecutó un diagnóstico situacional identificando debilidades en el sistema de decomiso y del actual organismo de administración de bienes incautados y decomisados, para lo cual se ha presentado una propuesta de mejoramiento en acompañamiento del grupo de trabajo interinstitucional creado para estos efectos.

Al igual que en la fase anterior, El Proyecto en coordinación y acompañamiento o del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y Decomiso de la CICAD/OEA, elaboraron dos documentos que se denominaron “Aspectos Normativos para la creación y desarrollo de cuerpos especializados en administración de bienes incautados y decomisados” y “Guía de Autoevaluación del Sistema de Decomiso y Administración de Activos”.

En ámbito regional, del Proyecto BIDAL se apoyó a UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) en la elaboración de la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio, importante instrumento para los Estados que proyectan incorporar tal figura en su legislación interna, apoyó al Programa de Cooperación entre América Latina y la Unión Europea en materia de Políticas sobre Drogas (COPOLAD) y participó de forma activa junto a UNODC en la propuesta de creación y desarrollo de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (RRAG), cuya finalidad tienen la cooperación internacional para la identificación, rastreo, localización y recuperación de activos procedentes de actividades del crimen organizado.

Golpear a las organizaciones de lavado de activos donde les duele

En conclusión, con un sistema jurídico moderno, eficiente y equitativo, es posible enjuiciar agresivamente a las organizaciones criminales y así desbaratar sus operaciones y privarlas de sus ganancias, procurando a la vez que la sociedad se recupere del perjuicio social y económico causado por estas actividades ilícitas. Si se cuenta con recursos suficientes para extender el proyecto BIDAL a todo el hemisferio, los Estados miembro golpearán con más fuerza a los narcotraficantes y a las organizaciones de lavado de activos donde les duele — es decir, el bolsillo —, las comisiones nacionales antidrogas podrían acceder a fuentes de ingresos significativamente mayores para uso interno y, asimismo, efectuar aportes anuales a la Secretaría de la CICAD para llevar a cabo un ambicioso plan de cooperación, capacitación, evaluación y análisis que beneficie a los Estados miembro.

En la actualidad, la CICAD ofrece asistencia técnica a los Estados miembros interesados en la creación y/o la mejora de sus unidades de administración de activos incautados y decomisados. El objetivo es ayudarlos a fortalecer sus mecanismos de recuperación de activos y productos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. También promueve el intercambio de buenas prácticas, experiencia, información y mejoras en la administración de activos entre los Estados Miembros y estimula la discusión sobre la cooperación nacional e internacional en áreas tales como la detección, identificación, incautación y decomiso de bienes que se encuentran en el extranjero.

Además, las mejores prácticas y otros conocimientos que se han adquirido durante las dos fases del proyecto se comparten con los organismos especializados a través de talleres de capacitación. El equipo del proyecto desarrolló e implementó los cursos sobre el mantenimiento, protección y disposición de activos incautados y decomisados, con el objetivo de mejorar las capacidades técnicas y conocimiento de los funcionarios que llevan a cabo las investigaciones financieras y de patrimonio y participan en los procedimientos de decomiso, gestión y asignación de activos de origen ilícito.


actualizado el 6/11/2014 3:10:16 PM