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La
expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a
principios del siglo XX para denominar las operaciones que de alguna manera
intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas,
para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía. Frente a
esta realidad, las entidades de vigilancia, control e inspección se
vieron obligadas a definir medidas y a establecer prioridades para
obstaculizar la limpieza de dichos ingresos de la
delincuencia a través del sector financiero y el sector real de la economía.
La
costumbre de utilizar prácticas para disfrazar ingresos provenientes de
actividades ilícitas se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue
declarada delito. Mercaderes y prestamistas burlaban entonces las leyes
que la castigaban y la encubrían mediante ingeniosos mecanismos
El
inicio de la piratería y de las guaridas de sus practicantes, es más
antiguo aún. Se sabe que en el año 67 A.C., Pompeyo emprendió una
expedición contra los piratas del Mediterráneo que privaban de víveres
a Roma. Cilici era entonces, la guarida tradicional de los piratas. Los
refugios financieros, moderna versión de aquellas guaridas, son el
complemento indispensable para coronar prácticas de operaciones dudosas o
abiertamente fraudulentas que se han abierto paso en el mundo, en la
medida en que el lavado de dinero progresa. Los piratas fueron pioneros en
la práctica del lavado de oro y el blanco de sus ataques fueron las naves
comerciales europeas que surcaban el Atlántico durante los siglos XVI y
XVIII. A la piratería clásica le añadieron matices propios los
bucaneros y los filibusteros, cuya existencia no hubiera sido posible sin
la ayuda, encubierta en un comienzo, de los gobiernos británico, francés
y neerlandés. Es famoso el caso del pirata inglés Francis Drake, que fue
armado caballero en su nave por la propia reina Isabel I de Inglaterra,
como recompensa por sus exitosos asaltos a puertos y barcos españoles. En
1612, Inglaterra ofreció a los piratas que abandonaran su profesión, un
perdón incondicional y el derecho a conservar el producto de sus felonías.
Tres siglos y medio después, la sociedad ha sido testigo de intentos
similares por parte de los hoy llamados varones de la droga, para
lograr algún tipo de indulto.
No
se conoce a ciencia cierta cuándo se utilizó por primera vez, alguna
forma de dinero. Se sabe que el dinero nació de la necesidad de solventar
los inconvenientes del trueque y que muy variados objetos fueron
utilizados como medio de cambio. La acuñación de la moneda metálica se
inició hacia el año 580 A.C. por los aqueos en Grecia, quienes las
hacian de plata gruesa, acuñadas por una sola cara, sin epígrafe. Tenian
dos sellos parecidos, parte hendidos y, parte en relieve, muy calculados
para impedir la falsificación que ya hacían aplicando hojas delgadas de
plata a una placa de metal inferior.
No obstante, en 1529, el rey Francisco I de Francia, al pagar 12
millones de escudos como rescate por sus hijos tomados como rehenes en
España, debió esperar 4 meses, mientras los secuestradores contaban el
dinero y comprobaban la autenticidad de las monedas, de las cuales
rechazaron 40.000, por considerar que no cumplían los requisitos exigidos.
La
confiscación de bienes tampoco es una política moderna. En un comienzo,
correspondió a penas impuestas por delitos políticos. Con el tiempo, se extendió a delitos de particular gravedad y hoy es palpable
en la aplicación de los reglamentos de aduanas que persiguen un doble
efecto: disuasorio para quien incurre en la infracción e ingreso
tributario para el fisco.
La
tipificación como delito del acto mismo o de la tentativa de blanquear
los productos del delito, sí es reciente. Tradicionalmente, la atención
penal se centraba sobre el delito que originaba el dinero. La incautación
de bienes, en la medida en que se aplicaba por delitos con motivación
económica, se configuraba como un castigo contra el delito subyacente. En
la actualidad se ha producido un cambio radical. En efecto, en 1986 surgió
en los Estados Unidos y se extendió rápidamente por todo el mundo, la
tendencia de criminalizar el acto mismo de blanquear el dinero y
establecer que ese nuevo delito, por ser complemento independiente del
delito subyacente, constituye motivo suficiente para el decomiso de bienes.
De hecho, en algunos países, el blanqueo del producto del delito puede
dar lugar a penas más severas que el mismo delito subyacente.
Esta
evolución ha suscitado considerable controversia. El problema radica en
la índole atípica del delito de blanqueo de dinero. A diferencia de los
delitos subyacentes, bien sea tráfico de drogas, extorsión, robo armado
o vertido de desechos tóxicos, el blanqueo de dinero consiste en una
serie de actos que cada uno por separado puede ser inocente, pero que en
su conjunto, equivalen a una tentativa de ocultar el producto de un delito.
La dificultad para lograr una demostración convincente del daño que
ocasiona el blanqueo de dinero, ha producido demoras y dudas a la hora de
su tipificación como delito. De hecho, muchos países no se han atrevido
a hacerlo, aunque la tendencia lleva a criminalizarlo.
Varias
razones fundamentan esta tendencia. En primer lugar, la aceptación
generalizada de que poco se gana, atacando a los delincuentes si sus
ganancias quedan intactas. El beneficio neto o enriquecimiento personal,
constituye la motivación del delito subyacente y proporciona, simultáneamente,
los medios económicos requeridos para continuar con las actividades
delictivas. En el pasado, se castigó a los delincuentes, pero no a
quienes administraban el producto del delito. Hoy, la hora de rectificar
ha llegado.
En
segundo lugar, pueden considerarse otras razones. Las leyes contra el
blanqueo de dinero ofrecen una herramienta práctica, no sólo para
ampliar la red de vigilancia sobre las categorías anteriormente exentas
de participantes en actos delictivos, sino para crear una base que permita
imponer penas más severas sobre quienes cometen el delito subyacente. De
esta manera, la amenaza de sentencias agravadas puede ayudar para que los
presuntos implicados cooperen con la justicia. No menos importante es la
tendencia a utilizar las leyes de decomiso de bienes, como posible fuente
de financiación del sistema que lucha contra el lavado.
Los
delitos con el dinero, tanto falsificación como lavado no son delitos
nuevos ni delitos provenientes unicamente del narcotráfico. Estos delitos
han existido, paradojicamente, desde antes que existiera el dinero como lo
conocemos hoy y conectado a muchos otros delitos como falsificación,
secuestro extorsivo, toma de rehenes, enriquecimiento iícito, evasión de
impuestos, terrorismo y muchos más.
Por
esta razón, la lucha contra el lavado debe ser compleja, dinámica y
proactiva. Las autoridades deben cambiar el paradigma permanentemente así
como las organizaciones criminales cambian constantemente sus modus
operandi para lavar el dinero. |